MAPFRE ha firmado un acuerdo de colaboración con Quirónprevención por el cual los autónomos y clientes empresa podrán contratar servicios de prevención de riesgos laborales en las oficinas de MAPFRE.
Mediante este acuerdo con Quirónprevención, la empresa de seguridad y salud laboral de Quirónsalud, el mayor grupo hospitalario de España y Europa con más de 60 años de experiencia en el cuidado de la salud y bienestar de las personas, MAPFRE proporcionará a través de su red comercial (casi 3.000 oficinas en el territorio nacional) a las empresas y autónomos la tranquilidad y seguridad legal para desarrollar su actividad sin preocupaciones, cumpliendo sus obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, evitando sanciones, reduciendo los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y mejorando, en definitiva, la rentabilidad y competitividad de su empresa.
Tranquilidad y seguridad legal para que las empresas y autónomos desarrollen su actividad sin preocupaciones
Este acuerdo de colaboración, firmado por Raúl Costilla, director general comercial de MAPFRE ESPAÑA, y por Fernando Camino Maculet, director general de Quirónprevención, permitirá a las empresas y autónomos, además, beneficiarse de toda el porfolio de soluciones y servicios de Quirónprevención, desde la vigilancia de la salud y servicios de consultoría en las especialidades preventivas de Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial, o Ergonomía y Psicosociología Aplicada, hasta el acceso a las soluciones más innovadoras desarrolladas por la compañía como la App miSalud, las formaciones con tecnología de Realidad Virtual, o la tarjeta miSalud con acceso preferente a la Red Hospitalaria del Grupo. Además, para todas aquellas empresas que lo requieran, Quirónprevención ofrece su red internacional de servicios de consultoría en prevención
La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es un servicio obligatorio para todas las empresas y autónomos con empleados a su cargo, de cualquier tamaño, sector y actividad: comercial, mercantil o industrial, organismos públicos, ayuntamientos, hospitales, universidades, etc. El incumplimiento de la normativa que le afecta puede llevar aparejado responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales y sanciones que pueden superar los 800.000€ las más graves.