La pandemia del Covid-19 está teniendo consecuencias económicas y sociales sin precedentes a lo largo y ancho del mundo. América Latina es una de las regiones que más está sufriendo esta crisis y los pronósticos apuntan a que su recuperación será lenta y frágil. Los elementos de vulnerabilidad estructural de los que ya adolecían las economías latinoamericanas antes del estallido de la pandemia suponen un riesgo añadido y limitan la capacidad de la política económica para hacer frente con garantías de éxito a la crisis pandémica. A ello se añade que los niveles de PIB per cápita no han dejado de languidecer desde el año 2015 y no se espera que se recuperen hasta 2025. En este contexto, parece evidente que América Latina se encuentra en la antesala de otra “década perdida”.
Un grupo de prestigiosos economistas y directores de los servicios de estudios mejor conocedores de la región Iberoamericana, entre los que se encuentra Manuel Sergio Aguilera, Director General de Mapfre Economics, han elaborado bajo la coordinación del economista Román Escolano, el Informe América Latina: una Agenda para la Recuperación – una iniciativa de la Fundación Euroamérica y la Fundación Iberoamericana Empresarial, patrocinado por CAF, Banco de Desarrollo para América Latina – para ofrecer un examen profundo de estas y otras cuestiones relacionadas y pretende aportar una visión independiente, multidisciplinar y experta sobre los aspectos que deberían estar presentes en la estrategia de recuperación económica de la región tras la crisis provocada por la COVID-19. En concreto, plantea una recuperación basada en reformas estructurales de las economías de la región orientadas a reforzar su eficiencia, competitividad, resiliencia y sostenibilidad.
El Presidente de CAF, Luis Carranza, mantuvo una reunión el día previo con todos los economistas participantes en el informe para hacer un repaso de la situación de la región y de la agenda de reconstrucción económica y social propuesta en el informe. Los economistas recordaron, tal y como proponen en el documento, que las medidas contempladas ayudarán a crear las bases para la recuperación de la América Latina, pero para reparar el tejido social de la región será también necesaria una mayor inversión enfocada a proyectos de impacto social. En ese sentido, han destacado la importancia de la inversión pública (estatal o multilateral) pero también han destacado el papel que el sector privado debe asumir como impulsor de proyectos de inversión social que faciliten una recuperación inclusiva y sostenible y que contribuyan, al mismo tiempo, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En su intervención, Manuel Aguilera apuntó que el reto de la implementación que se desprende en el informe debe analizarse desde dos puntos de vista. Por una parte, desde la perspectiva de cada uno de los países latinoamericanos, “en los que se requiere apoyo para que las instituciones locales avancen en una implementación más agresiva de políticas públicas para enfrentar los efectos económicos derivados de la pandemia del Covid-19 y evitar que estos se profundicen y puedan llegar a generar una afectación más estructural de las economías de la región”. Y, por otra parte, según apuntó el director general de MAPFRE Economics, desde una perspectiva más regional. En su opinión, la implementación de medidas para enfrentar los efectos económicos de la pandemia conlleva también el fortalecimiento de una postura conjunta al nivel de América Latina, considerando lo que esta región del mundo representa para la economía global. “En esta segunda perspectiva, la acción de los organismos internacionales y regionales (la Secretaría General Iberoamericana, la CAF, el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros), resulta fundamental en el sentido de tratar de articular una coordinación y acción conjunta en la región que le permita participar y aprovechar las iniciativas globales para enfrentar la compleja situación que se está viviendo en Latinoamérica”, añadió.
El Informe se ha entregado a la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, quien lo presentará en la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Andorra en 2021. Asimismo, en el acto de presentación del informe ha intervenido la Vicepresidenta tercera y Ministra de Economía y Transformación Digital de España, Nadia Calviño.
Las principales recomendaciones a las autoridades que se recogen en el documento son:
- Reforzar la influencia de la Comunidad Iberoamericana en la Agenda Global, invitando a una mayor coordinación de los cuatro países de la Comunidad participantes en el G-20.
- Utilizar plenamente la capacidad de préstamo del FMI y realizar una emisión adicional de hasta 1 billón de DEG con el objetivo de que la liquidez creada por las políticas de Quantitative Easing en los países centrales se extiendan también al conjunto de economías emergentes y en particular a Latinoamérica.
- Acometer sin dilación un incremento de capital de todos los bancos multilaterales que operan en Latinoamérica, en particular el BID y la CAF.
- Utilizar medidas de expansión cuantitativa por parte de los bancos centrales nacionales que tengan capacidad para hacerlo como respuesta a la caída de la demanda provocada por la crisis sanitaria, condicionadas a la creación de crédito de empresarial.
- Extender la red de swaps y repos del BCE y la FED a los bancos centrales de la región, utilizando la intermediación del FMI con el objetivo de que estos tengan acceso a financiación en divisas en condiciones preferenciales y puedan hacerla llegar a la economía productiva. Asimismo, se recomienda valorar otras vías que contribuyan a la estabilización de la zona.
- Avanzar decididamente hacia una mayor integración económica y comercial como la mejor vía para apalancar un crecimiento sostenido en el tiempo y para aprovechar y optimizar el peso real de la región en la agenda global.
- Abordar los desafíos pendientes y mejorar los marcos normativos y regulatorios, la gobernanza institucional, el clima de inversión y las nuevas fórmulas de financiamiento para potenciar y generalizar el desarrollo de Alianzas Público Privadas, facilitando así la transición hacia una economía verde.
- Invertir en crear y reforzar los ecosistemas digitales. Solo así podrá cerrarse la brecha digital, al tiempo que se atrae a la mayor parte de los ciudadanos de Latinoamérica al mundo de la inclusión económica y social, precondición para la resiliencia y el progreso.
- Acometer una reforma de la “segunda oportunidad” empresarial. La suspensión temporal del deber legal de solicitar el procedimiento concursal en aquellos países del ámbito iberoamericano en los que este existe e implementar —al menos de manera temporal— normas específicas para un tratamiento rápido y simplificado de los concursos en aquellos países en los que aún no existe.
- Promover la inversión social y la economía de impacto, el emprendimiento social y la responsabilidad social empresarial para tratar de mitigar los efectos de la pandemia en la desigualdad, la igualdad de oportunidades y la pobreza.