José Luis Jiménez

Director general de inversiones de MAPFRE

 

Esta semana, ha entrado en vigor el Reglamento europeo sobre Divulgación de Finanzas Sostenible (SFDR), que establece normas armonizadas que deberán aplicar los participantes en los mercados financieros sobre la transparencia en relación con la integración de los riesgos de sostenibilidad, el análisis del impacto adverso en sostenibilidad en sus procesos y la información sobre sostenibilidad respecto de productos financieros. Como indica José Luis Jiménez, director general de inversiones de MAPFRE, “la SFDR pretende armonizar la información para alertar sobre los riesgos en materia de sostenibilidad y supone una guía para que los clientes puedan elegir los productos ESG”.

“La iniciativa privada cobre cada vez más peso porque al final son las compañías las que generan riqueza y empleo”

Sin embargo, durante la celebración de la mesa redonda sobre finanzas sostenibles “El cambio climático, una oportunidad de futuro: qué hacer, por qué y cómo”, organizada por Broseta, aseguró de que todavía “hay muchas dudas de cómo los intermediarios financieros, inversores, compañías de seguros, gestoras, etcétera, debemos interpretar estas normas y los efectos que van a acabar teniendo sobre los folletos”. “De hecho, podría provocar un cuello de botella para los reguladores”, añadió.

En el evento, participó también Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económicos. De mesa consideró crucial que las empresas cumplan con los criterios ESG. “Con motivo del Covid se ha hecho aún más importante este cumplimiento, no sólo por temas de reputación, sino porque genera valor para la empresa y la hace más resiliente a los cambios de la economía”.

Por su parte, el ejecutivo de MAPFRE dio una serie de cifras para poner en valor esa necesidad de luchar contra el cambio climático e hizo un repaso a los hitos que han acelerado esa mayor concienciación por parte de las empresas, partiendo de los ODS o del Acuerdo de París hasta centrar buena parte del Plan actual para la reconstrucción con motivo de la pandemia en esta materia. “Toda esta transición tiene un coste elevado. Estamos hablando de una cifra de 2,6 billones de euros para tener una economía más sostenible hacia el año 2030, de los que el 53% provendrá del sector privado”.

«Si no tenemos una forma uniforme de medir difícilmente vamos a saber si estamos haciendo lo correcto o no”

En opinión de Jiménez, MIFID supuso un antes y un después “y puso a la UE en la ‘pole position’ para regular estos aspectos”. Sin embargo, considera que todavía estamos a medio camino porque, por ejemplo, otros países como China, no tienen puesto el foco en este tema “y están compitiendo con muchas empresas del mundo occidental que sí están intentando cumplir con las normas”. “Hay una asimetría sustancial que puede poner a muchas empresas y a muchos empleados en una situación complicada”, señaló.

A su vez, el director general de MAPFRE que hay que analizar cómo las compañías de inversión llevan esto a la práctica. “Nosotros conseguimos medir por primera vez el año pasado, como consecuencia de nuestra colaboración con la Universidad de Siena, el impacto que estábamos generando en los ODS con nuestras inversiones, medir si nuestra cartera avanza hacia estos objetivos o no”. “Si no tenemos una forma uniforme de medir difícilmente vamos a saber si estamos haciendo lo correcto o no”, añadió.

Jiménez puso el acento sobre las diferentes estrategias que pueden seguir las compañías, que no deberían dejarse llevar por las modas. Por ejemplo, él es más partidario de la integración, que permita ciertas excepciones en determinadas circunstancias, que de la exclusión. Un inversor puede decidir que no invierte en nada relacionado con el carbón, pero igual en un país concreto, el gobierno depende ahora mismo de esta fuente de energía para que llegue la luz a los hospitales y puedan atender a los enfermos. Según Jiménez, se pueden hacer excepciones siempre y cuando haya un plan en marcha que asegure esa transición hacia otras energías.

Tras defender la mayor eficiencia de la gestión activa, incidió en la importancia de poner el acento en la S, de social, y no centrarse sólo en la E, de medioambiental. Y recordó que MAPFRE puso en marcha el fondo MAPFRE AM Inclusion Responsable con este propósito, para premiar a las empresas que apuestan por la inclusión laboral de personas con discapacidad. “No pensamos ganar dinero con ello, es más barato de hecho que un ETF, pero queríamos tener una evidencia empírica de que aquellas compañías que apuestan por ello son más resilientes y dan mejores resultados a largo plazo. Todo lo que podamos enfocar hacia lo social será un gran avance para todos”.

Y, por último, se mostró partidario de la colaboración público-privada en los programas de ayuda para salir de esta crisis que azota al mundo desde hace justo un año. En concreto, que “la iniciativa privada cobre cada vez más peso porque al final son las compañías las que generan riqueza y empleo”.