Cuando el canciller Otto von Bismarck decidió que la edad de jubilación debía fijarse en los 65 años, en el último tercio del siglo XIX, una gran parte de los trabajadores de entonces no llegaba a cumplir esa edad, y los que llegaban sobrevivían una media de 9 años cobrando su pensión.

Texto: Javier Fernández    Ilustración: Getty Images y Thinkstock

Hoy, casi un siglo y medio después, los mismos 65 años siguen siendo la edad de referencia para la jubilación que todos tenemos en la cabeza, aunque cada vez más países han tenido que ir desplazando esa condición hacia los 66, 67 o incluso más años, ya que esos nueve años de pensión que, en media, cobraban los jubilados en el año 1900, hoy se han convertido en alrededor de 15 para la mayoría de las regiones y países, aunque hay casos, como el de España, en el que la supervivencia a los 65 años ya se sitúa camino de los 20. Es decir, lo que es una excelente noticia, que las personas vivan más años, se ha convertido en un problema para los Estados, porque el envejecimiento está tensando en exceso las costuras de lo que conocemos como sociedad del bienestar, especialmente en relación a las pensiones.
A estas alturas, nadie discute que el envejecimiento se ha convertido en un problema global y además creciente, ya que cada día la longevidad de las personas al nacer aumenta en aproximadamente 6 horas.

¿Por qué afecta especialmente a las pensiones?

Porque la mayoría de los países que tienen algún tipo de esquema público de previsión lo han construido con base en un esquema de reparto, es decir, los trabajadores activos aportan una parte de su salario para pagar las pensiones de los jubilados que, a su vez, hicieron lo propio en su momento. Y así será también en el futuro, a medida que los trabajadores alcancen la edad de jubilación, se confía en que los trabajadores más jóvenes financien cada mes su pensión.

Este esquema, basado en la solidaridad intergeneracional, ha funcionado durante muchos años sin especiales dificultades hasta que el envejecimiento ha ido cambiando las reglas del juego. Los pensionistas cada vez viven más años, por tanto consumen ampliamente el dinero que a lo largo de su vida aportaron para las pensiones de sus mayores y, por culpa de la demografía, cada vez han ido naciendo menos niños, es decir, menos futuros trabajadores que afronten el pago de esa pensión. Adicionalmente se ha producido un tercer efecto: la reciente crisis económica ha ocasionado que en algunos mercados las personas que tienen que pagar las pensiones tengan un salario más bajo que la pensión que cobran los nuevos jubilados a medida que se retiran del mercado laboral.

Todos los países, con mayor o menor celeridad, han ido actuando para afrontar esta falta de sostenibilidad financiera creciente del sistema. En general han adoptado reformas basadas en incrementar los ingresos futuros del sistema, creando fondos que crecen en las fases de expansión económica para compensar los déficits de los peores ejercicios o actuando sobre los elementos que condicionan la cuantía de la pensión, que son básicamente tres:

• Retrasar la edad de jubilación
• Tomar más años para calcular sus derechos (calcular cuál debe ser su pensión según todo lo que ha aportado al sistema a lo largo de su vida laboral)
• Encarecer la pensión mediante reformas paramétricas

¿Qué solución ha adoptado cada país?

La mayoría de ellos las tres, o una mezcla de las tres. No hay un estándar para afrontar este problema. Lo que sí hay es una coincidencia cada vez más generalizada sobre que la cuantía de las pensiones tenderá a reducirse: siempre habrá pensiones públicas porque las avalan los Estados, pero no serán suficientes. También hay un consenso sobre que ningún sistema puro, ni el de reparto ni el de capitalización, como es el modelo chileno, tienen ya capacidad para actuar en solitario. Por esta razón, la mayoría de los países viene optando por desarrollar de forma conjunta los dos modelos de ahorro previsión: reparto y capitalización.

El objetivo es sencillo de entender pero difícil de aplicar. Hay que conseguir que los trabajadores ahorren para su propia jubilación, no solo para pagar las pensiones del sistema de reparto, porque las pensiones públicas van a ser cada vez más ajustadas. En la mayoría de los países la tasa de sustitución se sitúa ya como mucho en el 50% (cuantía de la pensión en relación al último salario que se percibió como trabajador). Esta es la tendencia, incluso para países como España o Grecia donde la Comisión Europea advierte de que habrá reducciones superiores al 30% de sus tasas de sustitución en los próximos años.

Artículo íntegro en El Mundo de MAPFRE #96