La directora general de Relaciones Externas y Comunicación de MAPFRE explica la importancia de la gestión de intangibles como la comunicación, la marca y los asuntos públicos para una compañía, por el impacto que tienen en la creación de valor de largo plazo a través de la reputación y la confianza, y su contribución al desarrollo de relaciones corporativas más alineadas con todos sus stakeholders.
Las empresas son actores económicos y sociales relevantes que pueden participar legítimamente en la mejor configuración de los marcos regulatorios y políticas públicas que afectan al desarrollo de su actividad, estableciendo para ello un marco de relaciones y diálogo con las autoridades basado en la transparencia, la responsabilidad y la aportación del conocimiento técnico.
Y para que ese diálogo se construya desde la confianza, la empresa tiene que conocer dónde se encuentra en el espacio público, informar de cuáles son sus objetivos, intereses y proyectos, hacer partícipe a las administraciones y la sociedad de su huella social y entender bien las principales tendencias que marcan el contexto socioeconómico y geopolítico en el que opera.
Por ello, es fundamental analizar el entorno y gestionar adecuadamente las relaciones que mantiene con los grupos de interés externos, contribuyendo así a construir una más sólida reputación corporativa y trasladar los mensajes de forma más alineada a ese interés general.
Una participación adecuadamente planificada de la empresa en los espacios institucionales, la búsqueda de alianzas y proyectos alineados a los intereses de la sociedad y la colaboración con otros agentes económicos y sociales constituyen elementos importantes en la gestión de los asuntos públicos de una compañía, y permite establecer un diálogo profesional, transparente y responsable con el entorno público y privado.
El informe «El valor de la medición de los Public Affairs en España», elaborado por Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership y Political Intelligence, recoge la visión sobre este tema de las grandes firmas del Ibex-35 y multinacionales presentes en España. El trabajo evidencia que para el 90% de las empresas la influencia del entorno político en su actividad y en su cuenta de resultados es “alta”, llegándose a alcanzar un porcentaje incluso mayor, del 100%, en el caso de las cotizadas. No en vano, es mucho lo que está en juego.
Medir y comunicar
Detrás de la tramitación de nuevas leyes no solo está el trabajo de los actores políticos y las instituciones, sino también el de profesionales de los sectores implicados que facilitan información y conocimientos amplios de la materia sobre la que se legisla, y con ello se logran escenarios más equilibrados en el que empresas y sociedad salen igualmente beneficiadas a través de una mejor regulación.
En el marco de la presentación del citado informe, la directora general del área, Eva Piera, participó junto a representantes de otras empresas en un coloquio sobre la importancia de la medición de estos aspectos.
“La gestión adecuada de los Public Affairs supone un factor importante en el valor y riesgo reputacional de las grandes compañías. Por eso, tenemos que entender y explicar bien el papel que jugamos como actores económicos y el impacto de nuestra huella social, al tiempo que alineamos la actividad de relaciones externas de nuestra empresa con los asuntos de interés de la agenda pública”, señaló Piera, quien puso el acento en “la constructiva participación de las empresas en la búsqueda de mejores reglas de juego para el desarrollo del negocio, pero haciéndolo desde la legitimidad que nos da nuestro papel en la sociedad, y desde la transparencia y la ética en nuestra relaciones con los grupos de interés”.
En el encuentro quedó patente la importancia de contar con herramientas de medición que permitan evaluar la eficacia de la función de asuntos públicos para una empresa, pero también que es aún un campo con mucho recorrido, ya que, como demuestra el estudio presentado, en la actualidad no hay modelos y standards de medición que se usen de forma homogénea. Piera explicó en ese sentido que “una posible aproximación al valor estratégico y de largo plazo de los asuntos públicos, se consigue a través de la medición y seguimiento de la reputación y de la mitigación de los riesgos reputacionales”.